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Prescripción extintiva en República Dominicana

La prescripción extintiva o liberatoria es el modo de extinción de las obligaciones que resulta de la falta de ejercicio de derechos durante un lapso de tiempo. La prescripción aniquila la acción judicial en relación a la deuda. Todos los derechos y  acciones son en principio susceptibles de prescripción, salvo las excepciones previstas en la ley.

En República Dominicana el plazo máximo para prescribir es de 20 años. No obstante, existen diversas prescripciones abreviadas. Cuando ningún texto de ley establece una prescripción abreviada la acción de que se trate prescribe a los 20 años. En todo caso, la prescripción puede ser interrumpida o suspendida.

El fundamento de la prescripción pasa por considerar que transcurrido cierto tiempo existe una presunción de que la obligación ha sido cumplida y que la prueba del cumplimiento puede haber desaparecido.

De conformidad con la legislación dominicana las acciones en reparación de daños extracontractuales prescriben por el transcurso de un plazo máximo de un año, dependiendo de su naturaleza. Cuando los daños derivan del incumplimiento de un contrato el plazo de prescripción es de dos años.

Las deudas causadas por gastos médicos prescriben al transcurso de un año.

Los alquileres de casa prescriben a los tres años.

Las actuaciones del Estado, de los ayuntamientos y de la administración tributaria para exigir declaraciones, requerir el pago de impuestos, contribuciones o tasas y practicar estimaciones de oficio, prescriben a los 3 años.

Las convenciones que pretenden una renuncia por anticipado a la invocación de la prescripción son nulas por disposición expresa de la ley. Tampoco es posible extender convencionalmente los plazos para prescribir. En cambio, es posible en principio reducir los plazos convencionalmente e incluso renunciar a la prescripción obtenida.

El plazo para prescribir inicia a partir del día en que la obligación es exigible. No obstante, la ley prescribe diversas circunstancias en las cuales se exige que el acreedor esté en condiciones de demandar para que pueda alegarse la prescripción en su perjuicio.

El plazo para prescribir se computa por días y no por horas. La prescripción se adquiere al finalizar el último día del plazo previsto.

Por suspensión de la prescripción se entiende la detención provisional del transcurso del plazo, el cual continua tan pronto como desaparece la causa de suspensión. Las causas de suspensión se vinculan a las situaciones en que el acreedor está imposibilitado de actuar de conformidad con las previsiones legales al respecto.

La interrupción detiene definitivamente el curso de la prescripción privando de efectos el tiempo transcurrido. La interrupción de la prescripción resulta de un acto de persecución trabado por el acreedor o del reconocimiento de la deuda por el deudor.

La prescripción interviene de modo automático, por el solo transcurso del plazo previsto. Sin embargo, en caso de demanda el juez no la puede aplicar de oficio, sino que se requiere que sea invocada por el interesado quien además puede renunciar a ella en todo momento.

La prescripción hace desaparecer el derecho para perseguir el cobro, pero la deuda subsiste como obligación natural por lo que cuando se salda una deuda prescrita no se configura el pago de lo indebido.

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